Romano denuncia a Jaldo ante el Inadi por los despidos en la Legislatura

Según el funcionario nacional, la caída de los contratos de los dirigentes de su espacio se debe a su apoyo al gobernador Manzur.

Luis Romano, referente del Movimiento de Unidad Popular (MUP) y delegado local de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), dio a conocer su decisión de recurrir ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) para denunciar al vicegobernador Osvaldo Jaldo ante la decisión del presidente de la Legislatura de darle de baja a los contratos que ese espacio tenía en la Cámara provincial.

«El único móvil de los despidos mencionados es la discriminación y persecución política», señaló el referente del MUP en la presentación, rubricada por los militantes de su espacio alcanzados por la medida. Y recordó que su espacio se encolumnó detrás del gobernador Juan Manzur en la interna del Partido Justicialista de Tucumán.

El texto elevado ante el Inadi admite que los contratos políticos «tienen carácter de temporarios», y que ello posibilita la recisión «en cualquier momento, por ser facultad discrecional de la autoridad administrativa». Sin embargo, el MUP advirtió que la decisión «debe tener una causa y esa causa debe ser válida y lícita». «En el caso denunciado, afirmamos que los despidos en cuestión resultan carentes de causa. El verdadero motivo es la persecución y discriminación ideológica, lo cual se encuentra prohibido por las leyes y estatutos aplicable a la materia, la Constitución provincial y nacional», indicó Romano en la presentación.

Según el funcionario nacional, esta situación está demostrada «por cuanto de todos los empleados de la Legislatura que se encuentran en idénticas condiciones laborales, sólo fueron despedidos los que expresaron su apoyo al gobernador públicamente, ya sea directamente o por medio de sus referentes políticos».

Ante este panorama, Romano y los dirigentes de su espacio solicitaron la intervención urgente del Inadi. «Fuimos víctimas de un despido discriminatorio, arbitrario, falso e ilícito, enmascarado bajo una falsa causal de rescisión, por el simple hecho de ejercer libertades conferidas por nuestra constitución, todo agravado por ser dicho acto efectuado por parte de la autoridad de unos de los pilares del sistema democrático, como lo es el Poder Legislativo», indicaron en la nota.

Fuente: La Gaceta

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