Por Martín Faciano
Una de las contradicciones irresueltas que tiene la dirigencia política en la provincia tiene que ver puntualmente con las elecciones provinciales de 2023. Eso se percibe mucho más en el seno del peronismo, donde dan por sentado que quien sea el candidato a gobernador será el que seguramente se termine sentando en el sillón de Lucas Córdoba en el próximo período de gobierno. Por eso mismo, pese al esfuerzo mental que los funcionarios y dirigentes hacen por bajar la espuma, minimizar las tensiones y negar una interna, resulta imposible que los muchachos se repriman verbalizar lo que realmente se debate en todos los ámbitos donde el justicialismo discute, acuerda y conspira.
Así por ejemplo, desde el viernes pasado empezó a gestarse mediáticamente lo que algunos sectores afines a Casa de Gobierno han identificado como «Operación fórmula invertida». Fue a partir de las declaraciones del Legislador monterizo, Juan Antonio Ruiz Olivares, en una entrevista con el periodista Roque Galeano en Radio continental. Allí, el referente de Acción Regional, manifestó que para el, la resolución del conflicto político en el justicialismo consiste en invertir la fórmula, es decir que en 2023 intercambien sus funciones el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo.
Las declaraciones de Ruiz Olivares fueron posteriomente tomadas en La Gaceta, en la columna del periodista Juan Manuel Asís, titulada «Ocurrencia que hace ruido en el peronismo». Luego fue Darío Monteros, el intendente bandeño y principal dirigente territorial del vicegobernador, el que en el programa televisivo Punto de Partida, ante el periodista Pedro García se expresó en una sintonía similar.
Finalmente hoy, en el principal diario de la provincia compilaron las posturas de ambos dirigentes y agregaron las declaraciones del actual Presidente Subrogante de la Honorable Legislatura, Regino Amado, quien también señaló las bondades de una eventual fórmula Jaldo – Manzur, asegurando que así quedaría conforme la gran mayoría de los intendentes, legisladores, delegados comunales, etcétera. Como si a los intendentes imposibilitados se ser reelectos para estar al frente de sus municipios durante un período más, les sedujera la idea de ir a ser uno más en el bloque oficialista de la Cámara parlamentaria.
Nada hace pensar que luego de las declaraciones vertidas por estos dirigentes de fuste, las aguas permanecerán calmas en el Partido Justicialista Distrito Tucumán. Pese a que todavía restan 3 años y 4 meses de mandato, un sector de la dirigencia ha formalizado una cuenta regresiva en la que si no hay reforma constitucional tarde o temprano se le adjudicará al mandatario provincial el síndrome del pato rengo. Mientras tanto, el vicegobernador sin margen para hacer economía de fuerzas, deberá afrontar la desgastante tarea de contener y sostener sus estructuras para conservar el poderío territorial, tratando además de amplificar su poderío simbólico.
Habrá que ver si el gobernador Manzur, además de lidiar con los gajes de sostener la gobernabilidad, apostará a descansar hasta último momento en las ambiciones de su compañero de fórmula (como hizo en su primer mandato descansando sobre las aspiraciones de su antecesor), o si pasará de su enigmática y tiempista conducción, a otra dinámica distinta.
