Por Martín Faciano
Los legisladores oficialistas que elevaron sus críticas ante el próximo aumento en las tarifas de luz y agua, en su mayoría, se han atrincherado discursivamente en su interpretación de un decreto presidencial firmado para prorrogar una Ley sancionada el pasado 21 de Diciembre, con el objeto de instar a las provincias a adherirse a las políticas de mantenimiento de los cuadros tarifarios vigentes hasta entonces, habilitando además un posterior proceso de revisión extraordinario de las tarifas de las jurisdicciones provinciales.
Sin embargo hay otros ejes discursivos que emergen en sus speeches que hacen un poco de ruido cuando se analizan en profundidad las posturas de los parlamentarios que oficiaron de voceros para expresar el malestar imperante en la Cámara, ante la posible inminente actualización de precios en las facturas de EDET y la SAT.
Hay una cuestión que se repite del anterior conflicto entre el PE y el PL: legisladores que plantean que no se sienten consultados ni tenidos en cuenta por el Poder Ejecutivo a la hora de avanzar en sus disposiciones o medidas a implementar. Así lo planteaban legisladores como Roberto Palina o Daniel Deiana, cuando semanas atrás cuestionaron las resoluciones del COE, llegando a presentar proyectos de Ley para que el Comité Operativo de Emergencias resolviera dar marcha atrás con sus últimas restricciones.
Hoy, de nuevo afloran similares reproches. Esta vez con el legislador Eduardo «Lalo» Cobos como principal interlocutor. Pero además del homónimo del ex vicepresidente de la Nación que pasó a la historia con el voto «No Positivo», también alzó la voz el legislador ex compañero de José López en el Parlasur, Tulio Caponio. A diferencia de los conflictos anteriores (Ley Antimotichorros y cuestionamientos al COE) dónde las voces críticas de la Legislatura la expresaban los legisladores Javier Morof, Dante Loza, Daniel Deiana y Roberto Palina; ahora la incursión de los parlamentarios Cobos y Caponio, es toda una novedad en el tablero donde el vicegobernador mueve sus piezas.
Lo que no termina de entenderse es si el Titular de la Honorable Legislatura, Osvaldo Jaldo, juega al ajedrez o a las damas. No obstante si ha quedado en claro, que este grupo de parlamentarios parece que prefieren jugar al truco. Por ahora, mientras relojean los porotos en la mesa se juntan para hacer un «sexto» y ensayar como gritarle «falta envido» a Casa de Gobierno.
Pero analizar estas tensiones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, sin tener en cuenta la dimensión partidaria puede resultar un formalismo reduccionista que difícilmente de cuenta de lo que verdaderamente hay detrás de estos planteos: un explícito desafío a la conducción institucional y política de Juan Manzur, el actual gobernador y Presidente del Partido Justicialista Distrito Tucumán.
Al menos así lo entienden algunos dirigentes peronistas doctrinarios que no ocupan cargos en la gestión. También así lo interpretan funcionarios de segunda línea con despachos en Casa de Gobierno. «¿Los que antes hicieron de la Legislatura la escribanía de Alperovich, hoy quieren ser el organismo de contralor político del Poder Ejecutivo?», se pregunta en voz alta un Secretario de Estado. La pregunta en clave de chicana tiene varias respuestas. En todas ellas, hay reparos para el actual Presidente del Bloque Justicialista de Todos: Roque Tobías Álvarez. Es justamente a el a quien responsabilizan, en varios casos, por no conducir ni controlar a los legisladores oficialistas, permitiéndoles que se paseen por los medios de comunicación para despotricar contra el PE y exponer en plena pandemia, las miserias de una interna que, a ciencia cierta, nadie sabe si es tal cosa.
A diferencia de los cruces anteriores entre jaldistas y manzuristas, en esta oportunidad la discusión se percibe como mas genuina. Ahora, por ejemplo, no aparece en La Gaceta el legislador ex bussista Javier Morof diciendo que hay concejales vinculados al narcotráfico, y después reculando y relativizando sus dichos ante la prensa. Ahora, claro, está el bolsillo del pueblo en el medio. Por eso el planteo de los legisladores, de buenas a primeras resulta comprensible y sensato desde lo económico. Sin embargo, desde lo partidario y lo político es interpretado como inorgánico y oportunista.
Pero más allá de las impresiones, todavía resta ver la discusión legal del asunto. Desde el ERSEP aseguran que las tarifas son exclusivas y excluyentes del Poder Ejecutivo; que una ley como la que proponen sería inconstitucional, porque sería una intromisión del PL sobre un tema que le compete al PE; y por último consideran falaz el fundamento del «congelamiento nacional», porque la normativa a la que aluden los legisladores, aseguran, es en realidad una ley que sancionada a fines de 2019, facultó al PEN a mantener por 180 días las tarifas de electricidad y gas, invitando a las provincias a adherirse. Como Tucumán, no se adhirió, por eso hoy se vuelven a discutir los incrementos tarifarios.
La discusión, con tribuna mediática, por los incrementos de las tarifas de electricidad y agua, mas que iluminar la interna encandila un escenario vidrioso donde en el juego del poroteo, los legisladores también buscar subirse el precio. Por ahora, al paquete no lo compró nadie.
