Dos ex empleados de la Mutualidad Provincial denunciaron al legislador Daniel Deiana por defraudación fiscal y por evasión previsional, en el marco de su gestión como presidente de esa entidad.
Se trata de Juan Carlos Romero y de Patricia del Valle Giolitto quienes, además, solicitaron asumir el carácter de querellantes en la causa, que se tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán. El abogado patrocinante es Juan Andrés Robles.
Junto al parlamentario referente del espacio que lidera el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, también fue denunciado José Alberto Contreras, en su rol de fiduciario del Fideicomiso de la Mutualidad Provincial.
«Mediante una maniobra delictiva, consistente en la creación de un Fideicomiso -a los fines de defraudar a los acreedores-, se ha generado un vaciamiento de la Mutualidad Provincial Tucumán, lo que impide la percepción de las deudas generadas por la violación de las disposiciones de la Ley Penal Tributaria – Previsional», dice la denuncia.
Según explican más abajo, la maniobra delictiva consistió en la constitución de un fideicomiso al cual le cedieron la totalidad de las cuotas sociales, por lo tanto, al pretender embargar y/o secuestrar estas, ya no se encuentran en el patrimonio de la Mutualidad Provincial. «La irregular administración lleva a cabo por Deiana generó una multimillonaria deuda perjudicando a diversos acreedores», dicen.
Precisan que la mayor parte de la deuda a la que se refieren es de naturaleza previsional y fiscal, a raíz de incumplimientos de aportes al sistema de seguridad social, lo que perjudicó a trabajadores y al fisco nacional.
«El denunciado modificaba de manera ilegal las condiciones de trabajo de los empleados de la Mutualidad. Alteraba los rubros que componían la remuneración y los comprobantes en donde se debe registrar las condiciones de trabajo de la relación de empleo -recibos de sueldos y libro de registro único-. Se modificaba la base de cálculo de los aportes y contribuciones, lo que generaba que ingresara al fisco nacional una suma inferior, lesionando los derechos fundamentales de los trabajadores que, como es nuestro caso, no percibimos el monto del beneficio previsional que por ley nos corresponde a consecuencia de las maniobras delictivas de Deiana como Presidente de la Mutualidad», indicaron Romero y Giolitto.
Añadieron que al momento de hacer efectivo el pago de los salarios, se hacía entrega de un recibo de sueldo en que constaban los aportes y contribuciones. «Este detallaba una correcta exposición de la relación de empleo -componentes de la remuneración y cálculo de aportes y contribuciones-, pero el F 931 y el pago de estos se hacía por una suma inferior», indicaron en la denuncia.
Expresaron también que se modificaba el contenido del recibo de sueldo, y que esto se hacía sin consentimiento de los trabajadores y en violación a las disposiciones legales que rigen la relación de empleo, lo que implicaba que ingresara una suma inferior al sistema de seguridad social de aportes y contribuciones.
«Sin aviso alguno a los trabajadores y sin acto jurídico válido impedía que estos ocupen sus puestos de trabajo -incluso por períodos de hasta tres meses-. No pagaba los sueldos y, por lo tanto, no ingresaba los aportes y contribuciones que corresponden. Se generaba una deuda con el trabajador, quien quedaba en un estado de necesidad. (De este modo) se obtenía de manera forzada la renuncia del trabajador para hacer que este continúe prestando servicios, pero registrado como monotributista», acusaron.
Añadieron que, en otros casos, directamente dejaba de hacer aportes y contribuciones a pesar de mantenerse la relación de empleo y de que constaba la retención de los aportes y de las contribuciones en los recibos de sueldos.
Fuente: La Gaceta