Una grave escalada judicial sacude a los tribunales tucumanos. La querella que representa a una mujer denunciante de abuso sexual agravado solicitó formalmente la detención y prisión preventiva de uno de los imputados, José Ignacio Florentín Bobadilla, al considerar que existen riesgos procesales concretos, obstaculización de la investigación y hostigamiento sistemático contra la víctima y testigos.
El pedido fue presentado ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y de Género I, donde la querella sostiene que, pese a las medidas judiciales vigentes, el imputado habría desplegado una estrategia de presión y amedrentamiento que incluyó denuncias cruzadas contra testigos, allanamientos, filtraciones a la prensa y exposición pública de información sensible.
Según el escrito, estas acciones habrían tenido un impacto devastador en la salud psíquica de la víctima, quien incluso manifestó ante la Fiscalía pensamientos suicidas y denunció una revictimización constante. La presentación remarca que el proceso penal, lejos de avanzar hacia el juicio, habría derivado en una investigación paralela contra quienes declararon en apoyo de la denunciante, generando un clima de temor que compromete la libertad y sinceridad de los testimonios.
Uno de los ejes centrales del planteo es la supuesta manipulación y tergiversación de pruebas testimoniales. La querella afirma que declaraciones basadas en rumores fueron presentadas como hechos ciertos, mientras que otros testimonios —como los de autoridades del Hotel Hilton— desmintieron de manera contundente cualquier intervención irregular de terceros en el resguardo de material probatorio. En particular, se subraya que las grabaciones de seguridad permanecieron bajo custodia del hotel y fueron entregadas exclusivamente a la Fiscalía, siguiendo protocolos estrictos.
El escrito también denuncia la filtración a medios digitales de datos que debían permanecer bajo reserva: nombres, chats privados y detalles del legajo. Esa exposición pública, advierte la querella, violó medidas judiciales expresas y derivó en una campaña mediática que habría presentado a la víctima como responsable de una falsa denuncia, profundizando su aislamiento social.
En este contexto, se solicitó no solo la prisión preventiva por seis meses, sino también medidas urgentes de protección, entre ellas la supresión de nombres e información sensible y la notificación a medios para que cesen las publicaciones que vulneren la intimidad de la víctima. El planteo invoca la perspectiva de género y las obligaciones del Estado de prevenir nuevas formas de violencia institucional y mediática.
La definición ahora queda en manos del Ministerio Público Fiscal y del órgano jurisdiccional competente. Lo que está en juego, advierte la querella, no es solo el curso de una causa penal de extrema gravedad, sino la capacidad del sistema judicial de proteger a una víctima que denuncia y de garantizar un proceso libre de presiones, hostigamientos y operaciones públicas
