Por Martín Faciano
Meses atrás hubiese sido imposible pensar que en la cúspide del Poder Legislativo, la idea de avanzar en la reforma de la Constitución Provincial hubiese generado simpatía. Sin embargo, la dinámica de la política podría modificar las condiciones subjetivas del vicegobernador Osvaldo Jaldo. Así lo aseguran, al menos hoy, algunos dirigentes de su perímetro.
«La reforma de la Constitución sería la apuesta más sensata que podría hacer el vicegobernador para que el gobernador Juan Manzur no se quede con todo el poder en 2023″, asevera uno de los parlamentarios que desde su supuesta neutralidad, sostiene que si el mandatario conserva su poderío hasta entonces, estaría en condiciones de elegir su sucesor y colocarse como candidato a vice. Todo esto, agrega, con la posibilidad de comandar la provincia a control remoto en caso de llegar a ocupar un espacio en el Gobierno Nacional durante el próximo período de gobierno.
El pensamiento de este dirigente es representativo de la percepción de un grueso de la dirigencia que acostumbrada a leer la política entrelíneas, parten de considerar que el mandatario tiene la decisión tomada de no entregarle el bastón a su vice. Pero, suponiendo que esta conjetura sea verídica, cabe preguntarse ¿Qué puede haber pasado para que hubiera un cambio tan drástico en las expectativas del vice?.
Por empezar, el vicegobernador pareciera haber dimensionado los límites de su sillón. El comienzo de la pandemia y el aislamiento social obligatorio de la Fase I, se tradujo en un riguroso aislamiento político para Jaldo, quien durante su impasse con Manzur, debió recluirse en la Cámara parlamentaria. Fue desde allí que, sin realizar salidas al interior de la provincia, Jaldo apostó a diversificar su agenda para mantenerse activo.
Concluído el impasse entre la dupla gobernante y, pese a la flexibilización progresiva de la cuarentena, las visitas y recorridas al interior devinieron en situaciones excepcionales para el Presidente de la Honorable Legislatura de Tucumán. Hasta la frecuencia de las visitas a las intendencias y comunas administradas por dirigentes de su riñón se reducirían drásticamente.
Ni siquiera la superación de la Fase I de la cuarentena, le permitió al vicepresidente del Partido Justicialista Distrito Tucumán recuperar el ruedo territorial que supo tener antes de la pandemia. Como si además de la conformación del Comité Operativo de Emergencia (COE) para coordinar las acciones preventivas contra el coronavirus, se hubiera conformado además una suerte de Comité Operativo Político destinado a encapsular a este socio político comarcano del mandatario provincial. Esa especie de «COP», es lo que, algunos dirigentes de la periferia del poder han identificado como el entorno del gobernador, es un bloque emergente que pugna para construir el manzurismo, intentando reconfigurar el esquema de poder en la provincia, de modo tal que el mismo deje ya de ser una Sociedad Política con participación tranqueña mayoritaria.
Así mientras casi un tercio de los parlamentarios que componen la actual Legislatura y casi la totalidad de los intendentes (salvo el tafinisto Francisco Caliva y el cruzalteño Aldo Salomón), empiezan a susurrar por lo bajo sobre los beneficios de avanzar hacia una reforma para permitirse constitucionalmente prorrogar sus mandatos, el vicegobernador seguramente también evaluará las ventajas y desventajas de encarar un proceso reformista en el cual Manzur tambíen podría salir desgastado y debilitado.
La postpandemia, promete un escenario complejo donde solo se avisora la profundización del deterioro económico actual (con todos sus agravantes). En ese contexto, la administración de la provincia será una ardua tarea para el mandatario provincial, quien además deberá afrontar un proceso electoral (las legislativas nacionales) que exacerbará las tensiones internas. La evaluación de la correlación de fuerzas será determinante para ver quien, con miras a 2023, decide apostar a todo o nada.
