El intendente de Yerba Buena Mariano Campero pareciera creer que tiene potestades que no solo la ley no le concede, sino que tampoco respeta la Constitución Provincial.
Acaba de generar una nueva figura que no está reconocida ni siquiera en la Ley Orgánica de Municipalidades. Puso “en suspenso” una Ordenanza (926-1998) por Decreto obviando la participación del Concejo Deliberante.
Campero,”con bombos y platillos“, anunciaba por “su diario amigo” (el que dice que “Sí, es verdad…), junto al desperonista Presidente del Concejo Deliberante (“Pilón” Aguirre) que “había consenso para eliminar la Ordenanza 926-98, que afecta la factura de la luz en domicilios, comercios, empresas, etc. El tan publicitado “ahorro” para el consumidor, implica como máximo la ridícula cifra de $32 sobre el total de la factura; tal como lo explicamos en un completo informe sobre las dos normas que efectan el monto de la tarifa que llega con la boleta de la empresa EDET. VER NOTA (Click en letra azul para acceder).
Con este Decreto, que para mal de males, Campero no deroga, sino que pone en suspenso el cobro de hasta $32 por usuario del servicio de electricidad, hasta el 31-12-2019, o sea, hasta fin de año.
El Decreto dice “Ad Referendum“, lo que significa que debe ser tratado por el Concejo Deliberante y convalidado, pero hasta la fecha, el presidente de ese Cuerpo no ha dado señales de que pretenda convocar a Sesión para el tratamiento de este decreto ni por otro motivo. Los mismos concejales (Aguirre, Aráoz, Jantus, Rojas, Aranda y Macome) que acusaban a sus pares (hace escasamente un año) de NO QUERER SESIONAR; se encuentran abocados a sus respectivas campañas electorales pero no convocan a sesión, para evitar acaso que suceda los mismo que en el Concejo de Concepción en donde todo el país vio como un niño de corta edad estallaba en llanto y recriminaba a los concejales que “ustedes no hacen nada y en mi casa nos morimos de hambre“.
La Constitución Provincial es clara y tajante y no le permite legislar al intendente sobre materias tributarias. Los concejales adeptos a Campero, no quieren arriesgarse a pasar el mismo mal rato que atravesaron sus pares de Concepción, también bajo el gobierno de un referente de Cambiemos.
Esto dice nuestra Constitución Provincial, en su Art. Nº 101, Inc. 2 (Se aplica al Gobernador y es adoptado como base para los Jefes Municipales).
Los concejales tienen 20 días para ratificar el decreto emitido por Campero y de no ser así, el mismo cae en su validez.
Tal como expusimos, Mariano Campero obvia dar tratamiento a una ordenanza promulgada por él mismo, que generaliza el cobro de nada menos el 10% de lo que el usuario abona en la tarifa de la luz y que REALMENTE, tiene impacto sustancial sobre la misma, aumentando considerablemente el peso tributario sobre un exorbitante cuadro tarifario, que ahoga a vecinos, comerciantes y empresarios usuarios del servicio de luz eléctrica en Yerba Buena.
De más está decir, que no existe explicación alguna por parte del Ejecutivo Municipal ni de los concejales yerbabuenenses y mucho menos de la empresa EDET, de cuánto es lo recaudado a raíz de la Ord Nº 1241-18, ni cómo se efectúa la transacción de esos fondos ni cuál es su destino. Eso es en Yerba Buena, como en otros municipios, un verdadero SECRETO DE ESTADO.
Mientras la administración Campero en Yerba Buena festeja la suspensión del pago de hasta la ridícula cifra de $32, por medio de esta cuestionable SUSPENSIÓN por el término de escasos meses hasta fin de 2019; las tarifas continúan aumentando en todo el país y la administración municipal de Cambiemos, pasa por alto la eliminación LISA Y LLANA de una ordenanza que afecta el bolsillo de los más de 30.000 titulares o usuarios del servicio de electicidad.
Mariano Campero, con la complicidad de sus pares concejales de su partido y un par de “adquiridos“; demuestra una vez más un desapego a la Constitución Nacional y a la normativa vigente, desde lo institucional; y una total falta de sensibilidad y consideración para con el padecimiento de amplios sectores de la sociedad vecinal, comercial y empresarial que se ve ahogada por una tarifa eléctica, que para colmo de males, es recargada en un diez por ciento en el municipio pedemontano.
Nota aparte, merece el hecho de que los concejales de Cambiemos y dos peronistas aliados a Campero, solo hace un año, se negaron aprobar la derogación de ambas ordenanzas que elevan el valor de lo que el usuario abona en Yerba Buena y que hoy pesa sobre el bolsillo agobiado del contribuyente.
