En un nuevo capítulo de la controversia política en Tucumán, el legislador Walter Berarducci ha presentado un proyecto de ley rechazando el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo para la adquisición directa de 100 colectivos sin licitación previa. El legislador considera que esta medida no solo excede las facultades del Ejecutivo, sino que representa una peligrosa vulneración de los principios de transparencia y legalidad.
El proyecto de Berarducci, presentado ante la Legislatura Provincial, sostiene que la compra de colectivos debe realizarse a través de un proceso licitatorio público que garantice la concurrencia de oferentes y asegure un manejo adecuado de los fondos públicos. “El proceso licitatorio es el único que puede garantizar transparencia, legalidad y economía. No se trata de una simple cuestión administrativa, sino de preservar los recursos de todos los tucumanos”, afirmó Berarducci en los fundamentos de su propuesta.
El decreto impulsado por el gobernador Jaldo, fechado el 26 de septiembre de 2024, autoriza la compra de unidades de transporte sin licitación, algo que según Berarducci, “va en contra del espíritu constitucional y legislativo”. «No existe una necesidad imperiosa ni urgencia que justifique esta medida», argumenta el legislador, haciendo alusión a que la situación actual del transporte no amerita la utilización de fondos públicos de manera discrecional.
La incertidumbre sobre la inversión real es otro de los puntos que ha levantado polvareda. El legislador sostiene que el decreto no define con claridad el número exacto de colectivos a adquirir ni el costo total de la operación, lo que impide a la Cámara evaluar el impacto económico de la medida. “¿Cómo podemos saber si esta inversión está justificada si no tenemos un número claro? Esta indefinición solo genera más incertidumbre, cuando la transparencia debería ser el eje central de cualquier acción de gobierno”, cuestionó.
Pero el aspecto más alarmante, según Berarducci, es que la adquisición de los colectivos beneficiaría a las empresas concesionarias mediante la transferencia de las unidades a título oneroso, lo que en su visión se traduce en una “capitalización de empresas privadas con fondos públicos”. Para el legislador, el sistema de transporte debe mejorar, pero no a expensas del erario provincial. “El dinero que proviene de los contribuyentes no puede ser utilizado para rescatar o enriquecer a empresas privadas. El servicio debe autofinanciarse con la recaudación genuina de la prestación efectiva del servicio de cada concesionaria”.
En sus fundamentos, Berarducci también hace referencia a la Constitución Provincial, recordando que el Poder Ejecutivo solo puede emitir decretos legislativos en situaciones extraordinarias, lo cual no aplica en este caso. “La Constitución es clara: el Ejecutivo no puede legislar salvo en circunstancias excepcionales. Aquí no hay tal urgencia”, aseguró.
Con esta propuesta, el legislador busca no solo detener la implementación del DNU, sino también abrir el debate sobre la necesidad de respetar los procesos legales y garantizar que las decisiones que afecten el futuro del transporte público se realicen con la mayor transparencia posible.
