El edificio de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles fue escenario ayer de una inspección ocular en el marco del juicio que se sigue contra el ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Alberto Cerisola y tres ex funcionarios de la UNT. La medida, concretada en la casa ubicada en calle General Paz 826 de San Miguel de Tucumán, fue solicitada por el abogado Alfredo Falú, quien representa a Olga Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias-. Se trató de la última acción del año en el marco del debate que comenzó a fines de mayo, ya que las audiencias quedarán suspendidas al menos hasta marzo de 2025 por problemas de agenda de los tres jueces que subrogan las vocalías del Tribunal Oral Federal, que se encuentran sin titulares.
La medida, concretada poco antes del mediodía, estuvo encabezada por la jueza Ana Carina Farías, el secretario del TOF, Hugo del Sueldo Padilla, y además de Falú y Cudmani estuvo presente Rosa Luz Casen, una de las abogadas de Cerisola, y Osvaldo Venturino, ex director de Inversiones y Contrataciones, otro de los imputados en la causa. Por el ministerio público estuvieron el fiscal Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa y en representación de la querella, el abogado Patricio Esperguín. Todos fueron recibidos por la licenciada Carolina Moreno, directora de la Casa del Estudiante.
Dentro del plan de obras que la UNT encaró con fondos llegados a partir de las extracciones mineras, hay muchas obras que fueron objetadas durante la investigación. Una de ellas es la que se conoce como “Obra 467”, que es justamente la de la Casa del Estudiante. Este inmueble fue adquirido en 2009 y según explicó in situ Cudmani, se hicieron trabajos de desagües, en los techos y se colocaron aires acondicionados para poder brindar mayores comodidades a los alumnos. Según una carpeta que se entregó ayer entre los presentes, “su finalidad principal es la de brindar las herramientas que fomenten el desarrollo de las capacidades de los estudiantes que a ellas asistan, lo que redundará en la disminución de las altas cifras de deserción de los claustros universitarios”.
Cerisola está acusado por administración fraudulenta de utilidades mineras recibidas por la UNT entre 2006 y 2009 respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas; también, de haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería que correspondía a la UNT mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidades mineras no se rigiesen por la Ley nacional de Obras Públicas.
La causa se relaciona con el manejo de $353 millones (unos U$S 85 millones al cambio de entonces) recibidos durante ese período por la UNT por utilidades de la minería. La UNT es dueña -junto a Catamarca- de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), formada por la Ley N° 14.771 en 1958, para administrar el yacimiento minero. La ley estableció que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT que debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, iniciada a partir de 1948 en San Javier y en Horco Molle durante el rectorado de Horacio Descole. En el expediente se investiga la presunta comisión, por parte de los imputados, de los delitos de defraudación contra la administración pública, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La comitiva judicial recorrió las instalaciones, vio las aulas que aún se encuentran en uso (en el medio hubo varias refacciones), el resto de las dependencias y se interesó en detalles que tenían que ver con qué finalidad había sido adquirido el inmueble. Tras la inspección se dio por formalmente concluido el juicio en lo que 2024 respecta. Teniendo en cuenta que los jueces Farías y Jorge Basbús (ambos de Santiago del Estero) y Enrique Lilljedahl, de Catamarca tienen que atender causas de sus propios Tribunales, además de las del TOF de Tucumán, las audiencias pasarán para la segunda quincena de marzo. Al respecto, entre las más importantes figuran en las que participarán dos peritos, el oficial contador público Daniel Antonio Fontana y el perito oficial, ingeniero civil Francisco Pedro Guzmán, que depondrán, entre ambos, en 20 audiencias consecutivas, y luego lo hará la perita por parte del Ministerio Público Fiscal, Natalia Zárate.
