Por Martín Faciano
Los favoritismos de Miguel Chaibén Terraf en el Tribunal de Cuentas vienen siendo el caldo de cultivo de un malestar generalizado entre los empleados del TC que están fuera de la zona del calor terrafista. Aunque el pedido de Juicio Político y la denuncia penal impulsadas por el letrado Marcos Rougés contra Terraf, por incumplimiento de deberes de funcionario público por distintas causales, fueron desestimadas con celeridad, en el organismo de contralor, los empleados que no son del entorno de confianza de la máxima autoridad sienten que “Terraf viene perdiendo aceite”.
Es que además de las presentaciones legales, la lupa puesta sobre Terraf en la investigación realizada por “El Avispero” y “Enterate Noticias”, impactan fuertemente en el quehacer cotidiano de la repartición. Y no es para menos, porque Terraf siempre se sintió cómodo en las sombras del ejercicio de un poder desde el cual se sirve hace más de 20 años, haciendo uso y abuso del mismo.
Con la última campaña gráfica en vía pública impulsada por la conducción nacional de la Asociación Bancaria, Terraf se vio obligado a salir de las penumbras y mientras ahora las luces de la vía pública lo encandilan la respuesta de Terraf siguen siendo las de siempre: apretar a la prensa que se atreve a cuestionarlo; presionar a los empleados del TC para que firmen una solicitada en su defensa y seguir ostentando su impunidad, estampando su firma en las acordadas del TC para motorizar el negocio familiar que su yerno, Esteban González, motoriza como proveedor estrella del ministerio de Desarrollo Social, utilizando la firma de su padre, Luis Eduardo González.
“Esteban es el que nos provee de agua e insumos a todos los institutos del Ministerio de Desarrollo Social. El firma los remitos, el atiende a todos. Al padre no le conocemos la cara”, reveló un empleado del ministerio, que por temor a represalias, hace reserva de su identidad, y dando cuenta que si no fuera por la decisión política de la justicia de mirar para otro lado, por estas horas Esteban González, estaría sumando fojas en un expediente judicial. Sin embargo, el negocio sigue funcionando y lleva facturando, en lo que va del año, 180 millones de pesos, gracias a las contrataciones multimillonarias que Terraf autoriza sin excusarse.
No obstante, más allá de la interpretación del fiscal Fernando Blanno, que desestimó la causa, para su consuegro, hay letrados que entienden que además de una causal de remoción para Terraf, también podríamos estar, según los testimonios que surgen del ministerio, ante la comisión efectiva de los delitos de “usurpación de identidad” y “falsificación material”, por parte de su yerno, Esteban Gónzalez, quien en varias dependencias del ministerio se hace llamar “Luis”.
Truchadas en Personerías Jurídicas y la “excusación” de Terraf
Pero más allá del escándalo en torno a los negocios de su yerno y su consuegro, Terraf podría haber incurrido en un presunto tráfico de influencias y en la falsificación de instrumentos públicos, luego de haber interferido para proteger a su esposa, Marcela Manso, en una investigación sumaria en el ámbito de su accionar como empleada jerárquica de la Dirección de Personas Jurídicas. Cabe recordar Marcela Manso de Terraf, prestó servicios como Subdirectora del Registro Público de Personas Jurídicas, como Planta Permanente Categoría 23, hasta marzo de este año, cuando “renunció” y luego fue designada en tiempo récord en la misma Legislatura de Tucumán, donde se archivó con extrema celeridad el pedido de Juicio Político contra Terraf.
Los elementos probatorios que ponen de manifiesto el accionar de Terraf para proteger a su esposa Marcela Manso de Terraf, se pueden ver en el Acuerdo N° 33 del 02 de febrero de 2023 y luego en el Acuerdo N° 1119 del 27 de febrero de 2023. Ambas acordadas tratan sobre la entrega de un subsidio por 600.000 pesos al Club Atlético Concepción, asignado por el entonces vicegobernador, Osvaldo Jaldo, a cargo del Poder Ejecutivo mediante Decreto N°1081/22.
Si bien el conflicto se desarrolló administrativo en el año 2022, según se observa en el Acuerdo N° 33, con un Acta de Observación, en la cual se advierte de “la falsedad de la constancia presentada por EL CLUB ATLETICO CONCEPCION; con un Acta de Constatación en la cual el Director del DPJ confirma la falsedad tanto del sello como de la firma por lo cual presume que el club en cuestión presento una réplica apócrifa donde modifica la fecha de vencimiento, y con el inicio de una Comprobación Sumaria, en la cual quedaría comprometido personal de la DPJ, como fue el caso de Marcela Manso de Terraf. El artilugio de Terraf, como se advierte en el Acuerdo 1119, fue solicitar que remitan al TC el expediente de la Comprobación Sumaria, y alegando el Decreto N° 1537 /22, firmado también por Jaldo, con el cual se dejaba sin efecto el subsidio al club bandeño, y al considerar que “no se advierte un perjuicio fiscal al erario”, el TC emitió una acordada para dar por concluida la comprobación sumaria. El detalle es que en esta oportunidad Terraf se excusó de firmar la acordada alegando “la existencia de un vínculo familiar con la Dra. Marcela Manso de Terraf, quien rubrica parte de la Instrumental obrante en los actuados”. Su cometido ya estaba logrado, logró juntar y guardar todos los elementos probatorios que comprometían a su esposa.
Antecedentes de blindaje judicial a un familiar directo de Terraf
Parte del accionar de Terraf para blindar a su esposa, fue revelado ayer en el programa televisivo El Avispero. La salida de Marcela Manso de la Dirección de Personas Jurídicas evitó que la esposa de Terraf tuviera la exposición que tuvo su hija Gabriela Terraf, la Psicóloga designada como Jueza de Paz, por el ex gobernador José Alperovich, quien en 2022 fue noticia por una denuncia impulsada por los abogados Carlos Alberto López de Zavalía, Javier Esteban López de Zavalía, Roque Javier José Avellaneda y Marcelo Rafael Avellaneda, quienes la denunciaron argumentando una actuación irregular en dos causas diferentes, en las cuales la Jueza de Paz Gabriela Terraf había beneficiado a supuestos usurpadores de terrenos en el Cadillal. Los letrados que denunciaron a Gabriela Terraf argumentaban que el proceder de la jueza de paz psicóloga designada por Alperovich, se debía a que ella no reunía los requisitos para ser jueza de paz, debido a que no posee título de abogada.
La denuncia de los letrados puso en evidencia en ese momento la protección judicial de la cual gozan “los Terraf”. Primero con una restricción contra los abogados demandantes, cuyo reclamo y accionar fue caratulado como “violencia de género” a instancias del Juzgado de Instrucción Conclusional, del Centro Judicial Capital, desde donde se dictó una restricción contra los denunciantes. Luego, la denuncia fue desestimada por el accionar de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, quienes decretaron el archivo de la causa.
El fallo del Juzgado de Instrucción Conclusional, del Centro Judicial Capital , fue considerado “inédito”, y estableció y prohibió a los denunciantes la “turbación directa o indirecta” hacia Gabriela Terraf, “como a su grupo familiar”, el cual hoy acosa y motoriza una campaña de desprestigio al periodista Roque Galeano, conductor del programa televisivo que osó incomodar al Tribunal de Cuentas, exponiendo los negociados de Terraf, su yerno Esteban González y su consuegro Luis Eduardo Gonzalez, propietario de la firma “Aguas del Rocío”, que el mismo Esteban reparte a las dependencias del ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
La discrecionalidad para la excusación: una vieja constumbre de “Coco”
A Terraf, hay otros antecedentes que no lo ayudan y que dan cuenta de su discrecionalidad a la hora de excusarse cuando debe facturarle al Estado algún familiar suyo. Por ejemplo en los casos que se debe autorizar el pago de honorarios en juicios oficiales, a su cuñado el Dr. Luis Gustavo Manso. En el año 2018 hay 2 casos en los cuales Terraf se excusó: Uno es el caso del Acuerdo N°: 5523 del 29 de noviembre de 2018, en el cual tuvo que firmar un conjuez debido a que el vocal Marcelo Vidal estaba de licencia; y el otro es el caso del Acuerdo 3052 del 27 de julio del mismo año, en el cual estamparon su firma los vocales del TC. Sergio Diaz Ricci y Marcelo Vidal
Sin embargo, hay un antecedente en el cual hay un caso en el cual, ante la licencia de un vocal, Terraf decidió no excusarse y prescindir de la firma de un conjuez del TC: Así se lo ve en el Acuerdo N° 1975 del 24 de Mayo de 2017, en el cual Terraf firmó para que su cuñado cobrara los honorarios e intereses correspondientes, de la misma manera en la que hoy lo hace para que pueda ser exitoso el negocio que su yerno y su consuegro hacen como proveedores del Estado desde el año 2022. Parece que en Tucumán, el que está hace más de 20 años en un cargo jerárquico de tanto poder, puede hacer lo que quiera…