Por Martín Faciano
No hubo un acto en el Tribunal de Cuentas por el «Día de la Lealtad Terrafista», sin embargo un considerable número de funcionarios, delegados comunales y ex comisionados rurales, pasillaron ayer 17 de Octubre por el edificio tribunalicio eregido como un monumento a la discrecionalidad de los excedentes financieros.
En la previa al acto peronista en Bella Vista, se libraron 46 acordadas en las cuales se dispusieron comprobaciones sumarias, se iniciaron juicios de responsabilidad, se asignaron cargos fiscales y hasta se otorgaron cartas de pago para los responsables de distintos gastos que a criterios de los inspectores fiscales no han sido rendidos correctamente, o cuyo rendición directamente no fue aprobada.
Los montos varían, desde comprobantes por 180.000 pesos que no se han terminado de rendir en la Comuna Rural «Manuela Pedraza», como hasta los casi 253 millones de pesos por los cuales se dispuso la sustanciación de un Juicio de Cuentas al Comisario Mayor JORGE LUIS MAESTU, DNI. 22.332.012, en su carácter de Director de Administración del Departamento General de Policía, en razón de la falta de presentación de las Rendiciones de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2024 pendientes de rendir.
Llama la atención ver como durante la jornada de ayer las Acordadas del TC, son más (26 acordadas) las referidas a las comprobaciones sumarias que las (20 acordadas) correspondientes a la aprobación o autorización de gastos u órdenes de pago que deben emitir para funcionar las distintas dependencias y organismos del Estado.
Uno de los aspectos más controversiales de la función recaudatoria del organismo que conduce Miguel Chaiben Terraf, tiene que ver con la instancia de asignación del «Cargo Fiscal» a quienes no rinden ni justifican los gastos. Esta instancia, como etapa final de la actuación administrativa, tiene que ver con la conclusión del «Juicio de Responsabilidad», en el cual se estipula el daño producido al erario público, y sus responsables deben abonar el importe determinado por el TC. Una vez abonado el Cargo Fiscal impuesto, depositado en la Cuenta Corriente N° 20097335/1, se otorga Carta de Pago, se cancela el Cargo Fiscal, y se archiva la actuación.
Por ejemplo, durante la jornada de ayer en el Acuerdo N°: 4659 el TC otorgó Carta de Pago por $363.700,00 a las autoridades de la Comuna «Soldado Maldonado», por por falta de regularización de fondos correspondientes al 6° bimestre de 2018. Claro que fue más significativa la Carta de Pago, otorgada por $3.365.700,00 a las autoridades de la Comuna «Arcadia», por fondos no regularizados correspondientes al año 2017, según lo consignadon el Acuerdo N°: 4682.
Sin embargo, lo llamativo y novedoso es que el Tribunal de Cuentas parece haber habierto una suerte de moratoria informal para los funcionarios a los cuales les asignaron Cargo Fiscal, siendo el caso más ilustrativo el que se vió en el Acuerdo N° 4683, en el cual a las autoridades de la Comuna «7 de Abril», se les otorga una facilidad de pago de 5 cuotas para que paguen el monto de $1.007.442,33, correspondientes a fondos no regularizados durante bimestres del año 2017 y 2018.
Más que una facilidad de pago, la otorgada por el TC, pareciera ser una invitación a la malversación de fondos, como si la consigna fuera: «afane hoy de una sola vez, y devuelva algún día, cuando pueda y como pueda». Lo central de esto, es que queda reflajada la posibilidad de que el órgano de contralor puede dar discrecionalmente formas de pago a los funcionarios morosos fiscales.
«Estos zorros del Tribunal de Cuentas solo tienen lealtad a la recaudación y al apriete», reniega en off un ex delegado comunal que se retiró hace años de la política pero todavía afronta una comprobación sumaria. Algunos de sus ex pares, delegados comunales con mandato cumplido de los que se han hartado de pasillar el TC, advierten que también hay inspectores fiscales que discrecional y discretamente ofrecen prestar un servicio particular para sanear los gastos sin regularizar. Suena lógico, porque como en todos los ámbitos de la sociedad, siempre que hay una irregularidad y un infractor, también hay un zorro que quiere sacar provecho y ventaja. El Tribunal de Cuentas, parece que tampoco es la excepción. El problema es que a los zorros grandes del TC, con la Constitución del 2006, los pusieron a cuidar el gallinero…