El diputado Carlos Cisneros obtuvo un fallo judicial favorable que obligó al PAMI a dejar sin efecto las restricciones en la entrega gratuita de medicamentos y restituir la cobertura del 100% para jubilados, con impacto directo en Tucumán. La decisión representa un freno al recorte aplicado por el organismo y garantiza nuevamente el acceso pleno a tratamientos esenciales.
La decisión judicial ordenó retrotraer las medidas que habían limitado el acceso gratuito a medicamentos, al considerar que las nuevas disposiciones vulneraban derechos básicos de los jubilados. En ese sentido, el fallo no solo restituyó la cobertura del 100%, sino que también obligó al organismo a adecuar su normativa para garantizar el acceso sin trabas burocráticas.
A partir de esta resolución, el PAMI debió modificar su esquema de prestaciones y avanzar con una nueva normativa que amplía el vademécum y flexibiliza los requisitos de acceso, beneficiando directamente a miles de jubilados tucumanos que habían quedado excluidos del sistema.
El avance judicial fue acompañado por una investigación en la Justicia Federal de Tucumán, que aceleró la respuesta del organismo ante el incumplimiento inicial del fallo. En ese contexto, intervinieron el fiscal federal subrogante Agustín Chit y el juez federal José Manuel Díaz Vélez, lo que terminó por consolidar la obligación del PAMI de cumplir con lo resuelto.
La causa también puso bajo la lupa a las autoridades del organismo, entre ellas su titular Esteban Leguízamo y el responsable local Ernesto Iramain, en el marco de una investigación por presunto incumplimiento de deberes.
Tras la presión judicial, el PAMI formalizó la nueva resolución que restituye plenamente la cobertura de medicamentos y garantiza su aplicación inmediata en todo el territorio, con impacto directo en Tucumán.
“Este fallo demuestra que no hay que resignarse cuando se vulneran derechos. Logramos no solo frenar el recorte, sino mejorar el acceso a medicamentos para nuestros jubilados”, sostuvo Cisneros.
De esta manera, la resolución judicial se consolida como un precedente relevante en defensa del derecho a la salud, al tiempo que refuerza el alcance de las políticas públicas destinadas a los sectores más vulnerables.
