El día que en el Tribunal de Cuentas empezaron a «pasar los aviones»
Por Martín Faciano
El 10 de febrero del año 2006 quedó marcado a fuego en la historia institucional de Tucumán, por un escándalo que con el tiempo se transformó en un símbolo de la falta de transparencia y la corrupción posible en la administración pública provincial. Quizás fue la vípera del día de San Valentín, lo que hizo que se interpretara como un «flechazo» la Acordada N°: 216, en la cual el Presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Terraf, estampó su firma beneficiando al gobernador José Alperovich y autorizando la compra directa de un avión Cessna Citation Bravo, por 6,2 millones de dólares, justificada como una herramienta vital para «traslados sanitarios».
Sin embargo, apenas meses después, el exgobernador condenado por abuso sexual comenzaría a usar la aeronave como su taxi vip larga distancia, y la excusa del servicio de traslado sanitario rápidamente se convirtió en un sinónimo de despilfarro y abuso de poder en la época. Y, como no podía ser de otra manera, en el centro de este escándalo, como un actor cómplice que permitió la concreción de la cuestionada operación, se encuentra el Tribunal de Cuentas de Tucumán, el cual para esta época ya había perdido su título de «Honorable».
Pero volviendo al tema, el Tribunal de Cuentas, lejos de actuar como un órgano de control independiente, se convirtió en un actor clave para la concreción de la compra malparida, porque avaló la compra directa argumentando la «urgencia» del caso. Sin embargo, nunca se explicó en qué consistía esa «urgencia» ni por qué se había obviado el procedimiento de licitación pública, un requisito indispensable para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos.
Un dato fundamental, en esta historia es que los demas vocales, Sergio Diaz Ricci y Marcelo Vidal, no firmaron la polémica acordada. La autorización de la compra multimillonaria, fue en el marco de la discusión de la reforma constitucional y el otorgamiento derango constitucional al organismo de control que desde su jerarquización fue siempre presidido por Terraf. Para influyentes figuras del TC, esa firma hizo que Terraf dejara de ser un empleado del poder político para convertirse en un socio minoritario de Alperovich.
En ese momento, las voces de la oposición se alzaron con fuerza, denunciando lo que consideraban un acto de corrupción. El legislador Alejandro Sangenis (MP3) puso en evidencia la falta de lógica en la compra al señalar que el costo del seguro anual del avión superaba el costo de los 20 vuelos sanitarios que, según el gobierno, se realizaban anualmente. La compra del Cessna se convirtió en un símbolo del despilfarro, la falta de planificación y el desprecio por las necesidades reales de la provincia.
La sombra de la duda se extendió sobre el Tribunal de Cuentas, cuestionado por su falta de independencia y su posible complicidad en la maniobra. El silencio del Tribunal ante los cuestionamientos de la oposición y de la sociedad solo sirvió para alimentar las sospechas.
El caso del Cessna se transformó en un recordatorio del poder que puede ejercer el Tribunal de Cuentas cuando actúa en connivencia con el poder político, y de las consecuencias negativas que esto puede tener para la transparencia y el buen gobierno. Por eso, en el imaginario popular se habla que desde el 10 de frebrero de 2006, en el Tribunal de Cuentas con Terraf a la cabeza, empezaron a «pasar los aviones»
