Guillermo Andrés Díaz Martínez, es un juez con un pasado como defensor acérrimo de los derechos humanos y que hoy se encuentra en el centro de la polémica tras su decisión de remitir un amparo crucial sobre el recorte de medicamentos del PAMI a la justicia federal de Mendoza. Esta acción ha provocado fuertes críticas, especialmente del diputado nacional Carlos Cisneros, quien presentó el primer amparo para revertir las restricciones impuestas por decisión del Gobierno Nacional.
Díaz Martínez asumió como Juez Federal N°2 en Catamarca en mayo de 2022. Su trayectoria profesional incluye haber sido asesor del Banco Nación, titular de la Dirección de Derechos Humanos en esa provincia y asistente en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Además de haber sido docente en la Universidad Nacional de Catamarca, también se destaca su participación en juicios por delitos de lesa humanidad. Su presunto compromiso con los derechos humanos, le valió haber sido reconocido con varias menciones y premios.
Sin embargo, la reciente decisión de Díaz Martínez de trasladar la causa del PAMI a Mendoza ha generado interrogantes sobre su compromiso actual con los derechos humanos. El amparo buscaba frenar las restricciones impuestas por el PAMI para acceder a medicamentos gratuitos, afectando a miles de jubilados. Estas restricciones exigen que los jubilados cumplan con requisitos como ingresos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos o no tener más de un inmueble.
Según Cisneros, la decisión del juez ignora la urgencia del caso y la situación de vulnerabilidad de los jubilados tucumanos. El diputado argumenta que la causa en Mendoza se limita a los jubilados de esa provincia, dejando sin protección cautelar a los de Tucumán. Además, Cisneros señala que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores exige celeridad en casos que afecten la salud y la vida de los adultos mayores. La decisión del juez Díaz Martínez contraviene este principio al postergar la resolución del problema. El diputado ha interpuesto una revocatoria contra la decisión del juez.
Diaz Martínez, asumió claramente una postura que perjudica a uno de los sectores más vulnerable de la población: los jubilados. El accionar del juez contrasta con su pasado en la defensa de los derechos humanos. Ayer, en épocas del kirchnerismo gobernando y transitando un proceso de “revisionismo histórico”, Diaz Martínez rugía ante las injusticias del pasado. Hoy, en tiempo presente, en el gobierno del león libertario, Diaz Martínez (cual “gatito mimoso”) se puso la peluca y ronronea en los pies de un poder político que decidió sistematizar un gerontocidio.
