lunes, noviembre 2, 2026
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Causa ANDIS: Lijo amplió el procesamiento de Spagnuolo y procesó a 19 personas más

Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS

El juez federal Ariel Lijo dictó una nueva resolución en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): procesó sin prisión preventiva a 19 personas y amplió los procesamientos de otras cinco, entre ellas el extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

Esta etapa de la investigación se centró en las compras de insumos médicos y ortopédicos realizadas a través del Programa Incluir Salud. Según la resolución, se detectaron diferencias de precios por al menos 1.849 millones de pesos en insumos, que se suman a los casi 5.985 millones ya identificados en medicamentos. En total, el perjuicio estimado supera los 7.833 millones de pesos, una cifra que el propio juzgado considera provisoria y parcial.

Los acusados

Spagnuolo, Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete aparecen como jefes de la asociación ilícita, mientras que Andrés Arnaudo y Federico Santich son señalados como miembros. Los cinco ya habían sido procesados en febrero, decisión confirmada luego por la Cámara Federal. Ahora se les imputan también las maniobras en el rubro insumos, por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta agravada; en algunos casos, además, lavado de activos.

Entre los nuevos procesados figuran empresarios vinculados a firmas proveedoras de ortopedia, traumatología, implantes auditivos y equipamiento médico, además de agentes de la propia ANDIS que habrían manejado invitaciones a proveedores, información interna y seguimiento de pagos. El juez dictó también la falta de mérito para otras 11 personas indagadas.

Cómo funcionaba el esquema

La investigación analizó seis segmentos de compras: amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas y andadores, y traumatología. Para el juzgado, la maniobra consistió en la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia y el direccionamiento de adjudicaciones y pagos, con retornos para funcionarios y otros integrantes de la organización.

La resolución sostiene que no se trató de irregularidades aisladas, sino de “una actuación organizada y sostenida en el tiempo”.

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