El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno nacional había suspendido la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y le ordenó cumplir con la norma sancionada por el Congreso.
El juez Martín Cormick hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) y dejó sin efecto el Decreto 759/2025. En el fallo ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato” de la ley, con el dictado de las normas reglamentarias necesarias.
Del veto al decreto
El Gobierno primero vetó la ley. Cuando el Congreso insistió con la mayoría agravada, dictó un decreto que condicionaba el financiamiento a que se definieran fuentes específicas de recursos y se incluyeran las partidas en el presupuesto. Las universidades recurrieron a la Justicia para exigir, entre otros puntos, fondos para su funcionamiento y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
Los argumentos del juez
Cormick sostuvo que el decreto “no supera un test mínimo de razonabilidad” porque permite dejar sin aplicación una ley que el Congreso ratificó con mayorías especiales. Señaló que, ante la imposibilidad de un nuevo veto, la medida funcionó como “un mecanismo extraconstitucional”, una suerte de instancia de veto no prevista en la Constitución.
El magistrado remarcó además que el control judicial de decisiones con impacto presupuestario es una consecuencia propia de la justiciabilidad del Estado. También relativizó el costo fiscal: recordó que en 2024 y 2025 no hubo Ley de Presupuesto y que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto en 2025 rondaba el 0,23% del PBI.
