Treinta inversores que denunciaron pérdidas por el colapso de $LIBRA preparan una demanda civil tras no alcanzar acuerdo en mediación. Paralelamente, apelan su exclusión como querellantes en la causa penal.
Treinta inversores que denunciaron pérdidas millonarias por el colapso de $LIBRA avanzan en la preparación de una demanda civil por daños y perjuicios. La decisión se tomó luego de que la instancia obligatoria de mediación con representantes legales de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy concluyera sin acuerdo. En paralelo, los damnificados esperan que la Cámara Federal porteña revise la resolución que los apartó del caso como querellantes en la causa penal.
Según reconstruyó La Nación, los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá iniciaron el trámite civil tras la audiencia de mediación prejudicial. Representan a inversores de distintos países que afirman haber sufrido pérdidas significativas tras el derrumbe del criptoactivo. La estrategia inicial se enfocó en el expediente penal para reunir pruebas que respaldaran un eventual reclamo indemnizatorio, pero la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de apartarlos de la causa penal por no acreditar suficientemente su condición de damnificados modificó el curso.
Los inversores apelaron la resolución del juez Martínez de Giorgi, cuestionando que no se valorara la documentación presentada. La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, deberá definir si confirma o revoca la exclusión. De ser confirmada, las partes aún podrían recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Mientras aguardan la decisión de la Cámara, los abogados analizan los posibles demandados en el fuero civil y el alcance del reclamo, que dependerá de las pruebas reunidas en la causa penal y de la estrategia post-resolución. También anticiparon la posibilidad de recusar al juez Martínez de Giorgi.
La mediación, coordinada por el abogado Pablo Ernesto Gamba mediante videollamada, incluyó a representantes de al menos 30 inversores y un letrado de Novelli y Terrones Godoy. El exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales no participó. Durante el encuentro, se planteó un reclamo total de US$35 millones, según testimonios citados por La Nación. La contraparte rechazó la negociación, argumentando que no hubo estafa sino una decisión de mercado. Surgieron también distintas evaluaciones sobre el monto y la estrategia entre los propios reclamantes.
La Cámara Federal definirá la apelación de los inversores
Este intento de acuerdo fue uno de los varios realizados desde el inicio del caso. Hubo al menos otras tres gestiones previas promovidas por distintas partes que no lograron un entendimiento definitivo. La defensa del empresario estadounidense Hayden Mark Davis exploró la posibilidad de depositar cerca de US$100 millones en una cuenta judicial, pero la propuesta no prosperó. Otro canal involucró a representantes de inversores y al actual viceministro de Justicia, Santiago Viola, aunque personas cercanas al funcionario indicaron que cualquier conversación debía partir de la desvinculación del presidente Javier Milei. Finalmente, el abogado Fernando Burlando también exploró una reparación integral a cambio del cierre del frente penal sin condenas, pero las conversaciones chocaron con las exigencias de las defensas y la exclusión de responsabilidad penal de Javier Milei y Karina Milei.
Fuente: vovetucuman.com ↗
