El Decreto 315/2026 pone en marcha el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral
El Gobierno nacional dio un paso clave en la implementación de la reforma laboral al reglamentar oficialmente el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, conocido como RIFL. A través del Decreto 315/2026, el Poder Ejecutivo habilitó un esquema de beneficios impositivos que busca reducir la informalidad en el mercado de trabajo argentino mediante una baja significativa en las contribuciones patronales durante un período de hasta cuatro años.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el ministro de Economía Luis Caputo. Su publicación se produjo después de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocara una cautelar que mantenía frenada la reforma y validara 83 artículos centrales de la legislación aprobada por el Congreso.
Quiénes pueden acceder al blanqueo laboral del RIFL
El régimen no está dirigido a cualquier contratación, sino que apunta a cuatro perfiles específicos de trabajadores que hoy se encuentran fuera del empleo formal. El objetivo del Gobierno es generar incentivos concretos para que las empresas incorporen a personas que permanecen en la informalidad o el desempleo.
Los cuatro grupos alcanzados por el beneficio
En primer lugar, pueden incluirse personas que no contaban con empleo registrado al 10 de diciembre de 2025. En segundo término, trabajadores que se encontraban desempleados durante los seis meses anteriores a la nueva contratación. También quedan comprendidos ex monotributistas que no hayan tenido relación de dependencia privada en el último semestre. Finalmente, el régimen alcanza a ex empleados del sector público —ya sea nacional, provincial o municipal— que hayan dejado sus funciones hace más de seis meses.
Plazos, requisitos y topes para las empresas
Para acceder a la reducción de aportes patronales, los empleadores deben cumplir con una serie de condiciones establecidas en la reglamentación. El requisito principal es estar debidamente inscriptos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Además, los nuevos contratos deben registrarse dentro de una ventana temporal que va desde el 1° de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2027.
Otro punto relevante es que la normativa fija un límite: las incorporaciones realizadas bajo este régimen no pueden representar más del 80% de la nómina total de la empresa. Con esta restricción, el Gobierno busca evitar maniobras que distorsionen el espíritu del incentivo y garantizar que el beneficio se aplique sobre contrataciones genuinas.
El impacto esperado de la reforma laboral en el empleo argentino
Desde el Ejecutivo sostienen que la puesta en marcha del RIFL constituye una herramienta fundamental para mejorar la competitividad del sector privado y fomentar la creación de puestos de trabajo formales. La informalidad laboral en Argentina afecta a millones de trabajadores que quedan excluidos de derechos como obra social, aportes jubilatorios y cobertura ante accidentes laborales.
La reducción de contribuciones patronales por cuatro años representa un alivio fiscal considerable para pymes y grandes empresas, lo que podría funcionar como un estímulo real si las condiciones macroeconómicas acompañan. Sin embargo, diversos analistas y dirigentes sindicales advirtieron que será necesario monitorear de cerca la implementación para evitar que se utilice como mecanismo de precarización encubierta.
Un contexto judicial que destraba la reforma
La reglamentación del RIFL no hubiera sido posible sin el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que levantó la medida cautelar que impedía avanzar con la reforma laboral. Al validar 83 artículos clave de la ley, la Justicia abrió la puerta para que el Gobierno concrete una de las transformaciones más ambiciosas de su gestión en materia de empleo.
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Fuente: La Gaceta
