Un nuevo conflicto institucional sacude al Poder Judicial de Tucumán. La Corte Suprema de Justicia provincial aplicó una sanción disciplinaria al camarista civil Benjamín Moisá, quien respondió con una durísima apelación en la que denunció persecución y trazó una polémica analogía entre la estructura jerárquica del tribunal y el «Tercer Reich». El episodio profundiza una escalada de tensiones que lleva meses y que podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación o incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El origen de la sanción: firma digital vs. firma ológrafa
Todo comenzó cuando la abogada Claudia Quillotay presentó una denuncia ante el máximo tribunal tucumano. Según su planteo, el juez Moisá rechazó una contestación de agravios dentro de una causa judicial porque el escrito llevaba «firmas ológrafas escaneadas» en lugar de la firma digital que el magistrado considera obligatoria.
Si bien la letrada terminó desistiendo de su reclamo tras recibir explicaciones por parte de la Sala II de la Cámara Civil, la Corte de Tucumán decidió actuar de oficio. Mediante la Acordada 288, fechada el 20 de abril de 2026, el tribunal le aplicó a Moisá un «llamado de atención» formal. Los vocales Daniel Leiva, Daniel Posse, Eleonora Rodríguez Campos y Antonio Estofán firmaron la resolución, mientras que Claudia Sbdar se excusó de intervenir.
En sus fundamentos, la Corte tucumana sostuvo que la conducta del camarista afectaba derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la seguridad jurídica de los litigantes. Además, señaló que Moisá mantiene una posición «renuente» frente a las directivas del tribunal superior en materia de digitalización y gestión administrativa.
La furibunda respuesta de Moisá: persecución y una comparación extrema
Lejos de aceptar la sanción en silencio, el camarista presentó una apelación donde calificó la medida como un acto de persecución institucional. En un pasaje que generó enorme revuelo, Moisá comparó la pretensión de obediencia jerárquica dentro del Poder Judicial con las dinámicas de sometimiento propias del Tercer Reich, una analogía que fue recibida con estupor en los pasillos de Tribunales y en el ámbito jurídico nacional.
Para el magistrado, la Corte provincial excede sus facultades administrativas cuando pretende imponer criterios que, a su juicio, vulneran la independencia de los jueces de grado. Esta postura no es nueva: a fines del año pasado, Moisá ya había presentado una «objeción de conciencia» contra la implementación de las Oficinas de Gestión Asociada (OGA) para el fuero Civil y Comercial, a las que calificó de inconstitucionales.
Un historial de enfrentamientos que crece
El choque entre el camarista y el máximo tribunal tucumano arrastra capítulos anteriores. Moisá viene cuestionando públicamente el modelo de las OGA, diseñado por la Corte para modernizar la gestión procesal. Según su visión, ese esquema «desnaturaliza la función jurisdiccional» y desplaza al juez como verdadero director del proceso. En su momento, afirmó que su juramento al asumir el cargo fue de obediencia a la Constitución Nacional, no al tribunal superior.
¿Hasta dónde puede escalar el conflicto?
El caso abre un debate de fondo sobre los límites entre la potestad administrativa de las cortes provinciales y la independencia funcional de los magistrados inferiores. Si las instancias locales no resuelven la disputa, el expediente podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía de recurso extraordinario, e incluso proyectarse hacia organismos internacionales como la CIDH.
La polémica en Tucumán refleja una tensión que atraviesa a gran parte del Poder Judicial argentino: cómo conciliar la modernización tecnológica y la uniformidad de criterios con las garantías de independencia que la Constitución les reconoce a los jueces. Seguí atento a las novedades de este caso que promete dar mucho que hablar en las próximas semanas.
Fuente: La Gaceta
