El inicio de un proceso de investigación por posibles títulos apócrifos en el Subsidio de Salud, mantiene en Estado de Alerta a los trabajadores de la repartición. La noticia, sobre la existencia de más de 100 títulos secundiarios y terciarios, aparentemente falsos, tomó estado público ayer, luego de que el interventor Fernando Avellaneda, dialogara con la prensa (Antena 8), para hacer referencia a las diversas irregularidades detectadas en la repartición. No obstante, la información relativa a la investigación de títulos sin validez viene circulando por lo bajo desde fines del año pasado.
Según consignó el portal Gremiales Tucumanas, desde las diferentes asociaciones gremiales que representan trabajadores en el organismo, la percepción sobre las investigaciones iniciadas es compartida. Consideran, que el proceso iniciado es una respuesta a las denuncias del titular de ATE Tucumán, Marcelo Sánchez, quién en diferentes oportunidades acusó al interventor Avellaneda, de ser un CEO del Colegio Médico, y de no implementar políticas para erradicar el Plus Médico.
Desde el portal de noticias gremiales precisaron además que el proceso habría generado malestar en los diferentes gremios, y UPCN no tardó en salir al cruce. «Nosotros pedimos que se investiguen todos los títulos, desde Avellaneda para abajo, porque el que incurrió en un delito de este tipo merece sanción. No queremos que se investiguen títulos al azar, apuntando a los afiliados de uno o dos sindicatos», expresó Francisco Osorio, Secretario de Negociaciones Salariales de UPCN Seccional Tucumán, en diálogo con Gremiales Tucumanas.
Luego agregó: » No es casual que se cubra de un manto de sospechas a todos los empleados que sostienen la repartición, justo en el medio de una discusión salarial. Claramente Avellaneda tiene un profundo desprecio por el trabajador del Subsidio, y por eso ahora pone a los afiliados en contra de los trabajadores»
Para concluir, Osorio elevaría la apuesta: «Queremos que la auditoría sea total, y que se entienda que si hubo falsificación de un instrumento público, la responsabilidad es del empleado y debe ser sancionado. Lo que de ninguna manera vamos a permitir es que esta investigación sea aleatoria, que sea una cacería de brujas, ni que se cubra a los afiliados del gremio amigo de Avellaneda».
