En una sesión de ánimos caldeados, los concejales de San Miguel de Tucumán aprobaron por unanimidad la expropiación de la Casa Sucar a la empresa Viluco S.A, propiedad de la familia Lucci. Sin embargo, el oficialismo municipal no consiguió el aval para vender la ex Dirección de Tránsito, inmueble ubicado en calle Buenos Aires 75/79. Los opositores pidieron un estudio serio, realizado por el Colegio de Corredores Inmobiliarios para conocer el valor real del inmueble que serviría para cerrar la operación. El proyecto de la enajenación de la propiedad volverá a comisiones.
Las acusaciones entre oficialistas y opositores fueron y volvieron de un lado a otro del recinto en el cual los ediles del Acuerdo para el Bicentenario (ApB), Tucumán Crece (PJ) y Fuerza Republicana (FR) esgrimieron sus argumentos antes de la votación. Mientras el sector afín al intendente Germán Alfaro denunció la falta de protección de bienes culturales por parte del alperovichismo y del oficialismo provincial, los opositores pidieron al Ejecutivo municipal mayor claridad a la hora de elaborar proyectos.
En ese sentido, votaron de manera afirmativa para conservar la Casa Sucar pero se negaron a aprobar en un mismo proyecto la venta de la propiedad donde funcionaba Tránsito. Mientras algunos pidieron una tasación seria para un inmueble de tamaña importancia para el municipio (debido a sus dimensiones y ubicación), otros pidieron buscar otras fuentes de financiamiento para la expropiación.
Desde la oposición criticaron los dichos del Intendente, entendiendo que estos eran un intento de avasallar un poder por encima del otro. “Quien se cree que es el intendente para meterse con los sueldos de los concejales. Sólo este cuerpo puede sancionar a sus miembros. Eso está en la constitución”, dijo Ricardo Bussi.
En relación a la venta del inmueble de la calle Buenos Aires, desde la oposición realizaron largas alocuciones en las que explicaron porque no acompañaron este proyecto. Desde la bancada de Fuerza Republicana explicaron que su principal oposición radicaba en no poseer un valor real del impuesto que se estaba por rematar. Mientras que desde Tucumán Crece se oponían a la enajenación ya que esta implicaba desprenderse de un bien valioso del estado provincial. “Hay que buscar otras formas de financiar la compra. La venta debe ser la última. Teniendo un Intendente macrista cómo no pedir audiencia antes con el presidente, antes con el Secretario de Obras Públicas o José cano”, sostuvo el Concejal David Mizrahi.
