El diputado del Frente de Todos por Río Negro Martín Soria será el nuevo ministro de Justicia de la Nación, según definió esta tarde el presidente Alberto Fernández, quien en un primer momento lo había dejado trascender como el reemplazante original de Marcela Losardo, pero luego dejó correr varias versiones.

Soria es diputado del Frente de Todos, y si bien es cierto que supo diferenciarse del kirchnerismo en las contiendas locales, fue un aliado de Cristina en las denuncias sobre lawfare, como denomina a la supuesta embestida judicial en su contra de magistrados y funcionarios de Mauricio Macri.

Tal es así que presentó las primeras pruebas ante la justicia sobre la presunta mesa judicial que funcionó en durante el anterior gobierno dedicada a armar causas contra al ahora vicepresidenta y sus ex funcionarios.

Su nombre circuló ni bien Losardo dejó trascender que no seguiría en el cargo, pero la semana pasada el presidente evitó confirmarlo en una entrevista televisiva y optó por tirar otros nombres como el diputado Ramiro Gutiérrez y la jurista Marisa Herrera.

El fin de semana trascendió que Alberto había optado por cederle el control pleno a Cristina con una figura propia, como el viceministro Juan Martín Mena o la senadora Anabel Fernández Sagasti, mano derecha de la vicepresidenta.

Esta tarde circuló la versión de que Alberto iba a fusionar el Ministerio del Interior con Justicia para que Eduardo Wado De Pedro, el ministro más cercano a la vicepresidenta. Pero pronto los voceros oficiales se esforzaron en desmentirlo.

La dificultad para encontrar un nombre, además, tenía que ver con la imposibilidad de tomar decisiones que tendrá el nuevo ministro sin cumplir con la vicepresidenta: el vice será Mena, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla y la jefa del servicio penitenciario María Laura Garrigós de Rébori, todos cercanos al Instituto Patria. «Nuestra marca registrada seguirá siendo no poner al 1», se jactaban desde el think tank kirchnerista.

Cristina se enfrentó a Losardo por su pasividad con el Poder Judicial, al que ni siquiera quiso confrontar cuando cuestionó el proyecto de reforma de la justicia federal que trabajó junto al presidente y envió al Senado, donde finalmente fue aprobado en agosto.

Sólo asistió una vez y luego evitó confrontar en público con los jueces que la criticaban. Menos aún aceptó la propuesta de los diputados del Frente de Todos para revisar el texto y sumar cambios sugeridos por los diputados opositores.

También se desentendió de la reforma del Ministerio Público que promovió Cristina, aprobó el Senado y Diputados nunca trató por falta de respaldo entre los bloques chicos. La norma, de aprobarse, obliga a la salida inmediata del procurador interino Eduardo Casal.

Pero tal vez nada molestó más a la vicepresidenta que el convenio que Losardo firmó en febrero con la  Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema, y el 30 de diciembre fue denunciada de armar causas y adulterar pruebas en un informe de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia.

La preside Leopoldo Moreau, otro de los arquitectos jurídicos de Cristina, quien fue el primero en cruzar a la ministra y reclama cambios estructurales, como una ley para ampliar la Corte Suprema y licuar su poder. Ahora será tarea de Soria.

Fuente: La Política Online

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