Mauricio Macri regresó este martes al país desde Miami pero no se presentará el miércoles a la declaración indagatoria en la causa que lo investiga por supuesto espionaje ilegal a los familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan. El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade advirtió que si no aparece debería ser detenido o llevado por la fuerza pública.
Macri se reencontró con su equipo de asesores y con su abogado Pablo Lanusse, que horas antes había estado en el juzgado de Dolores leyendo el expediente y le recomendó presentar un escrito para postergar la indagatoria, que en un primer momento estaba citada para el 7 de octubre.
La citación estuvo a cargo del juez federal de Dolores, Martín Bava, quien según la agencia oficial Telam hasta la tarde del martes no había recibido una notificación de Lannuse y por lo tanto esperaba a Macri.
Pero el propio ex presidente confirmó por twitter que no va a ir y lo justificó en que Bava es un juez interino y, a su entender, es incompetente para llamarlo a indagatoria.
«Citarme en campaña, prohibirme viajar, la incompetencia de Bava resuelta por la Cámara Federal e irregularidades del juez denunciado por posibles falsedades en otro proceso y funcional a los intereses oficialistas recuerdan los atropellos de colegas como Oyarbide o F. Márquez», comparó en otro posteo.
Y en otro conformó que no asistirá. «No me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio».
Tailhade no se la dejó pasar: «De ser necesario, me presentaré» dice el mafioso, para que no haya dudas de que no reconoce la orden de un juez. Si está en el país y se niega a ir, corresponde que el juez Bava ordene su detención a los fines de su indagatoria o lo lleve a Dolores con la fuerza pública», propuso.
El faltazo será el segundo movimiento en el expediente: el primero se produjo la semana pasada cuando firmó un escrito junto con Lanusse en el que declamó su «inocencia» y reclamó que quedara en suspenso la prohibición de salida del país que le impuso el juez Bava el 1 de octubre cuando lo convocó a indagatoria.
Macri está imputado por, supuestamente, haber «ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias», entre diciembre de 2017 y fines de 2018, en contra de los familiares de los tripulantes del hundido submarino Ara San Juan.
Las tareas supuestamente habilitadas por el expresidente habrían consistido en «la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos».
Fuente: LPO
