Por Martín Faciano
La Junta de Gobierno de la UCR Tucumán, encabezada por su Presidente Julio «Tito» Herrera, por Mariano Campero como vicepresidente primero, y por Roberto Sánchez como vicepresidente segundo, atraviesa el momento más complicado desde que se produjo el recambio formal de autoridades locales en el partido centenario.
Además de estar constantemente amenazada por los conflictos institucionales que no dejan de estallar en los municipios de Concepción y Yerba Buena, la cúpula del radicalismo local ha quedado del lado del macrismo en el marco de los reclamos que a nivel nacional vienen exigiendo los distintos sectores populares y progresistas del radicalismo que pugnan con el Pro, adentro de la Alianza Cambiemos, para inclinar la balanza del poder en favor de los correligionarios que exigen un mayor protagonismo para la UCR. En ese sentido se entiende incluso la derrota sufrida por José Cano, cuando en Diciembre de 2017, el mandatario mendocino, Alfredo Cornejo, dejó en mitad de camino al ex titular del Plan Belgrano, quien aspirando a conducir la UCR Nacional, había llegado como favorito a la compulsa interna que se resolvió en el escritorio, en favor de mendocino.
Mientras en Tucumán, la alianza Cambiemos gobierna en 4 intendencias ( Capital, Bella Vista, Yerba Buena y Concepción), los jefes de los municipios amarillos de la Sección Oeste, que además representan la cúpula de la UCR local, atraviesan, promediando su mandato, el tramo más duro de su gestión. Mientras en Yerba Buena, el Intendente Mariano Campero debe lidiar con las crecientes sospechas por posibles irregularidades en la adjudicación directa de obras por millones de pesos; el alcalde de Concepción, Roberto Sánchez y su Secretario de Gobierno, Julio «Tito» Herrera (Presidente de la UCR), han quedado entrampados y expuestos en su intención de fogonear un linchamiento por parte de empleados contratados por la Administración de la intendencia, hacia los ediles del Concejo Deliberante que aprobaron parcialmente el «Pacto Fiscal».
¿De corredor de autos a corredor de empleados?
El reciente conflicto institucional en la Municipalidad de Concepción, donde gobierna Roberto Sánchez, aparte de poner en riesgo el empleo de más de 800 trabajadores, puso de manifiesto la precariedad laboral con la que se emplea a los trabajadores que prestan servicios para la intendencia. Si bien, la problemática no es nueva, ni tampoco patrimonio exclusivo de «La Perla del Sur», la viralización del material audiovisual en el que aparecen funcionarios de la gestión de Sánchez como voceros del Ejecutivo Municipal, evidenció el uso político que desde el gobierno municipal pretenden hacer de una compleja situación, en la cual los trabajadores precarizados aparecen como los principales y únicos damnificados.
Cabe recordar, que la génesis del conflicto se originaría luego del pasado 19 de abril, cuando los concejales aprobaron parcialmente el «Pacto Social» firmado entre el municipio y el Poder Ejecutivo provincial, autorizando al intendente solo a continuar con el «Pacto Sueldo», destinado a cubrir los gastos que demanda la planilla salarial de los empleados de planta. Finalmente el pasado sábado 5 de Mayo, habiendo culminado el plazo límite formal que el jefe municipal tenía para presentar el veto, cientos de trabajadores empleados por la administración municipal fueron notificados de que no continuarían prestando servicios para el municipio.
El resultado de la maniobra política, fue una movilización espontánea que desde la intendencia pretendieron capitalizar en su favor, direccionando la protesta hacia los ediles que aprobaron el «Pacto Sueldo». Para ello, el malestar generado principalmente por el temor al desempleo, fue fogoneado a través de las redes sociales, con crecientes y preocupante niveles de violencia que se pusieron a tono con el extorsivo mensaje enviado por el funcionario municipal Oscar Álvarez, quien utilizó frases poco felices para amedrentar a las trabajadoras que realizan la limpieza de calles.
«Yo les digo algo, yo me estoy jugando la cabeza, la que no esté en la lucha, cagó conmigo. Voy a hablar en criollo: la que se borre no me pida nada», expresó Álvarez frente a las trabajadoras que con incertidumbre esperaban una respuesta sobre su situación laboral, mientras que el jefe municipal, pisando la pelota, esperaba que comiencen a correr los minutos de las dos horas límite de cargo extraordinario que establece el plazo para presentar el veto.
¿Pagará Sánchez algún costo político extraordinario por su maniobra?
Todo lo que quizás se podría haber evitado si el Intendente Roberto Sánchez no hubiese pretendido hacer un uso político de la situación, el cual se evidencio con la espera para presentar el veto
