El titular de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, Marcelo Leguizamón, decidió hoy no avanzar en contra de los concejales de Banda del Río Salí que habían autorizado la semana pasada el desarrollo de actividades que habían sido restringidas a nivel nacional y provincial por la pandemia de coronavirus.
El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) recibió en su despacho a los ediles, encabezados por el presidente del Concejo Deliberante Ramón Radín.
En la audiencia, según el informe oficial, se «resolvió el problema» generado días atrás, a partir de un acta que había recibido la Unidad Fiscal de Decisión Temprana por parte de la Policía.
El reporte del Ministerio Público Fiscal consigna que «teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa la provincia y el país, es necesario, de ahora en más, tener comunicación, coordinación e implementación de las políticas sanitarias en tiempo de pandemia, entre las diversas instituciones, respetando cada una de ellas sus funciones institucionales y arbitrando los medios y acciones administrativas de gobierno necesarias a tal fin».
Además, el órgano judicial comunicó que estos conceptos «fueron volcados en el acta de la reunión que fue refrendada por los presentes».
La polémica estuvo dada por la citación enviada por el fiscal Leguizamón a los ediles Radín -a cargo de la Intendencia de forma interina, debido al contagio de covid-19 de Darío Monteros-, Julio Rocha, Mario Aguirre, Miryan Soraire, Jorge Flores y Ana Bolonia.
Los concejales habían dictado un instrumento que habilitaba el desarrollo de actividades privadas en el ámbito municipal, en contraposición con el DNU presidencial y con el decreto provincial firmado por el gobernador, Juan Manzur.
Según los ediles, la convocatoria del fiscal implicaba un avasallamiento de la autonomía municipal; de hecho, y a pesar del diálogo con Leguizamón, formalizaron hoy un pedido de juicio político contra el representante del MPF ante el Poder Legislativo.
Ayer, el titular de la Unidad de Decisión Temprana había dicho que las citaciones a concejales y los procedimientos judiciales efectuados eran «simplemente, de averiguaciones”. “Esta decisión se originó en las actuaciones de prevención policial documentadas en el acta remitida por esa autoridad a la fiscalía, en la que algunos concejales de la Banda del Río Salí solicitaban hablar con el fiscal y el auxiliar”, había dicho Leguizamón. “Por eso fueron citados, haciendo lugar al pedido realizado por los mismos”, había aclarado.
Fuente: La Gaceta
