El Fiscal Federal Gustavo Antonio Gómez efectuó una presentación que sentó jurisprudencia, logrando que la Cámara Federal de Tucumán determine que la investigación de los presuntos delitos que pudieran resultar durante la ejecución de obras por medio del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV), se lleven a cabo en los juzgados federales de Tucumán.
Si bien el caso puntual en cuestión corresponde a una denuncia realizada por un vecino particular de la Comuna de San Pablo, en la cual se señala la existencia de una serie de irregularidades durante la ejecución de obras efectuadas en el marco del Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir II”, se especula con que el giro jurisprudencial podría derivar en nuevas presentaciones en relación a las diferentes investigaciones que por otros delitos, se vienen llevando a cabo en el ámbito de la justicia provincial.
El argumento central esgrimido por el Fiscal Gómez, se centra en considerar que al tratarse de fondos remitidos por el Gobierno Nacional, la investigación no debe ser llevada a cabo a instancias de la justicia provincial, sino que debe realizarse en los juzgados federales de Tucumán.
El pronunciamiento de la Cámara Federal de Tucumán, con fecha 13 de Junio de 2018, termina por hacer lugar a un recurso de interpelación interpuesto por el Fiscal Gomez, para revocar una resolución de Septiembre de 2017 en la cual se declara la incompetencia del Juzgado Federal Nº II, remitiendo al Juzgado de Instrucción Penal de turno de la Provincia de Tucumán, la denuncia iniciada por el vecino Yussef Rivadeneira, contra la Comuna Rural de San Pablo por no terminar en tiempo y forma el módulo habitacional con el que había sido beneficiado.
