Los diputados nacionales por Tucumán José Cano y Lidia Ascárate, entre otros legisladores de Juntos por el Cambio, firmaron un pedido de interpelación a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, por «la detención de dos agentes de Afip-Aduana en la localidad fronteriza de Encarnación», Paraguay. Según el planteo, los aduaneros llevaban $600.000 en efectivo, y corresponderían «a jubilaciones y planes sociales que entregan entidades argentinas a ciudadanos paraguayos de manera irregular».
Cano y sus pares detallaron que los dos agentes fueron detenidos en el puente internacional “San Roque González de Santa Cruz” con el dinero en su poder. Según la versión de los radicales, la investigación judicial por un posible delito de ingreso de dinero no declarado no prosperó en Paraguay porque se trataba de una suma inferior a 10.000 dólares. «Pero en Argentina su suerte judicial podría ser más complicada», sostuvieron los diputados opositores.
«El dinero (…) corresponde a jubilaciones y planes sociales que entregan entidades argentinas a ciudadanos paraguayos de manera irregular. Los funcionarios se habían encargado de realizar las extracciones a través de cajeros automáticos ante la imposibilidad de los beneficiarios de trasponer la frontera», expresa la presentación efectuada por Cano, Ascárate y otros pares.
Además, detallaron la «modalidad delictiva». «Ciudadanos paraguayos que no residen en el país sacan documentos argentinos para conseguir planes sociales. Como no pueden entrar (a este país) por el coronavirus, a raíz de los DNU (que disponen medidas restrictivas de circulación), los detenidos les estaban llevando el dinero de manera irregular y cobraban una comisión», agrega la presentación.
«El procedimiento lo realizó la Armada de Paraguay en la zona primaria aduanera, cuando los militares requisaron el baúl de la motocicleta del empleado de Transportes. Allí se toparon con alrededor de 30 tarjetas de débitos con diferentes sumas de dinero que estaban adosadas a una anotación, donde se especificaba el monto retirado y la comisión cobrada por el trámite. Por cada trámite percibían entre $2.000 y $3.000», señalaron los diputados en el pedido de informes.
«El cruce del dinero se realizó el miércoles 20 de mayo pasado al anochecer. La Armada (de Paraguay) venía investigando el tráfico de divisas desde Argentina porque en determinadas fechas los beneficiarios de jubilaciones y planes sociales se concentraban en las cercanías del Centro de Frontera para esperar la llegada de (de los haberes)», sostuvieron.
Según Cano y Ascárate, el procedimiento «desnudó una situación por todos conocida: cientos de personas que residen en Encarnación y zonas aledañas tramitan su documento nacional de identidad argentino tras declarar un falso domicilio en Argentina y luego realizan los trámites ante Anses para el cobro de diferentes beneficios sociales». «Esos extranjeros que nunca residieron en el país pero igualmente acceden a un DNI suelen convertirse en un voto cautivo del oficialismo. Es habitual que funcionarios se encarguen de traerlos los días de elecciones y les entregan en mano el voto que deben depositar luego en las urnas», indicaron.
Fuente: La Gaceta
