Por *Juan Barrientos
En Tucumán el conflicto por el transporte público se volvió un tema recurrente. En los últimos 4 años el boleto del bondi se incrementó en un 521%, pasando de $4.83 a $30. Los subsidios al sector se encuentran en el centro del problema, la promesa de “subsidios al transporte cero en 2021” del ex ministro Dietrich se plasmó en una quita de alrededor de $140.000.000 millones de pesos por mes de subsidios de Nación. Se analiza como una posible solución al problema provincializar el servicio, solución que podría abrir otro debate.
En Tucumán las líneas interurbanas son reguladas por la Ley 6.210 y su decreto reglamentario 2129/91. Las líneas urbanas son reguladas por los municipios, por atribución de competencia constitucional, la regulación más importante es la de la capital que lo hace mediante la ordenanza N° 400 de 1.979.
En la provincia el órgano de aplicación y control, quien negocia los subsidios, es la “Secretaría de Transporte y Seguridad vial” a cargo de Benjamín Eugenio Nieva, que depende del Ministerio de Seguridad, luego de que se dividiera el súper ministerio de gobierno, justicia y seguridad, que conducía Jorge Gassenbauer durante el gobierno de José Alperovich. Nieva fue designado allí en 2014, y luego fue ratificado por el actual mandatario en 2015 y en 2019.
En la Capital el representante municipal es Macelo Barrionuevo Subdirector de administración y planificación del transporte. Los empresarios del sector se agrupan en A.E.T.A.T., órgano a través del cual reciben los subsidios, hasta Marzo el presidente fue Daniel Orell, quien presentó su renuncia; el secretario es César Atim; y el vicepresidente Jorge Barreta. Los trabajadores son representados en sus intereses por el gremio de U.T.A. y sus conductores César Alberto González y Alfonso Canuto.
La provincia para sanear la quita de subsidios nacionales aprobó en 2018 la Ley 9.102 mediante la cual declara la emergencia del sector por 2 años y le asigna al ministerio de Economía de la provincia la potestad de establecer los subsidios al sector. En el marco de estas competencias, Economía prorrogó por decreto la emergencia hasta diciembre de 2020 y asigno un cuadro de subsidios anual que asciende a $1.390 millones de pesos. En ese decreto se aclara que esta cifra puede ser disminuida proporcionalmente en lo que aumenten los subsidios nacionales.
En Febrero, el gobernador Juan Manzur logró que la Nación restituya a Tucumán parte de los subsidios quitados en 2018 y el secretario Nieva capitalizó esa gestión con la firma de un convenio para que la Nación entregue subsidios por $152.595.196 pesos mensuales. En un principio el convenio solo duraría 3 meses, pero luego fue prorrogado en junio por tres meses má
A.E.T.A.T. tiene asignados: por convenio y hasta septiembre $152 millones de nación por mes. Subsidios provinciales por hasta $130 millones, de los cuales solo recibe al rededor de $60 millones por mes. Por transferencias como el programa “Boleto Estudiantil Gratuito Para jóvenes del Interior” reciben transferencias por otros $400 millones anuales de la Legislatura que conduce Osvaldo Jaldo.
Por lo que para este año el sector estaría recibiendo en total asignaciones por $2.944 millones de pesos.
Una de las propuestas que más sonó este año fue la denominada “provincialización del servicio” es decir que todas las líneas pasen a ser reguladas y controladas por la Provincia. Esto abriría un nuevo frente de discusión, pues la Constitución Provincial le asigna esa competencia a los municipios en su artículo 134 inc. G la de “regular el transporte público y privado”, mientras que en el artículo 141 le asigna a la provincia la obligación de “garantizar” el ejercicio de esa función y auxiliarlas en lo necesario.
Quitarle esa competencia a los municipios, ademas de abrir una discusión sobre la necesidad de reformar la Constitución (donde podrían colarse temas como la reeleción), podría tener consecuencias judiciales. Ya en Marzo, el Secretario de Gobierno de la intendencia capitalina, Rodolfo Ocaranza, advirtió que si esta idea avanzara, desde la alcaldía que comanda Germán Alfaro llevarían el tema a la justicia.
Finalmente aparece una nueva alternativa desde el Concejo Deliberante que pareciera tener más consenso: se trata de imitar el modelo Salteño o Mendocino, que básicamente consiste en la creación de una Sociedad Anónima del Estado y las actuales empresas pasan a ser subconcesionariaos a las que se les pagaría por kilómetro recorrido.
Por último cabría hacernos algunos interrogantes, ¿$2.944 millones de pesos anuales no son suficientes para sostener el sector? Los análisis de costos de la actividad no son públicos. ¿La Legislatura le puso un freno a la propuesta de provincializar el servicio? Frente al último conflicto quien propuso un nuevo esquema regulatorio fue el Presidente del Concejo, Fernando Juri. Por el momento el plazo para proponer un nuevo modelo lo fija el convenio firmado con la Nación, el cual vence el 3 de septiembre junto a los subsidios.
* Juan Barrientos es abogado y militante de la Juventud Peronista Distrito Tucumán
