La Anses emitió un comunicado para desmentir la denuncia pública realizada por la senadora por Tucumán Silvia Elías de Pérez. La legisladora aseguró hoy que “usaron mi nombre y apellido y alteraron mis datos personales (…) para cobrar un IFE”. También había pedido que las autoridades del Senado intervengan porque “no se puede avalar este ataque a uno de sus miembros”. Silvia Elías de Pérez además dijo que la titular del Anses debe explicar cómo puede ser que en su dependencia se produzcan estas maniobras y “cuántos IFE se están cobrando en Argentina con datos truchos”.
Después de estas declaraciones, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizó un comunicado, a través del cual informa que la senadora de Juntos por el Cambio no cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y no existe nadie que lo haya cobrado en su nombre ni con sus datos. Tampoco percibe ningún otro beneficio de la seguridad social.
“El organismo previsional solicita a la senadora nacional que rectifique sus manifestaciones públicas en las que involucra a un organismo que se caracteriza por la eficiencia y la claridad en el manejo de la información y de su base de datos”, concluye el comunicado.
El gobierno nacional dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia para los trabajadores y monotributistas, entre 18 y 65 años, con mayor grado de vulnerabilidad. Como toda medida de carácter excepcional, para el acceso al mismo, se establecieron requisitos tales como contar con foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico); CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se podía ingresar a la solicitud del beneficio.
El caso Salta
La denuncia realizada por la senadora por Tucumán Silvia Elías de Pérez tiene varios presedentes en Salta, donde incluso fueron imputados por la justicia federal funcionarios que nunca habían cobrado el IFE, pero figuraban como que habían iniciado el trámite para cobrar y el Anses lo había rechazado.
Entre concejales y funcionarios, son 30 las personas imputadas.
La excusa más frecuente entre los investigados es que habían utilizado sus propios datos para explicarles a otras personas cómo cobrar, utilizando el sistema. Eso dijeron varios concejales y hasta el propio titular del Anses en Salta. También hubo intendentes que aseguraron que tomaron sus datos para ensuciarlos.
En las últimas semanas de 2020, el fiscal Federal Ricardo Toranzos decidió imputar a tres funcionarios del PAMI y siete concejales más.
Toranzos imputó a Emilia Juárez, Viviana Beatriz Fernández y Javier Navarreta, por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público ante la jueza federal de Garantías, Mariela Giménez. Los tres apuntados por el fiscal cumplen funciones de gerencia operativa en dependencias del organismo nacional en las localidades de Orán, El Carril y Embarcación.
En la segunda audiencia del día, el fiscal prosiguió con la causa abierta el 25 de agosto pasado en la que había imputado a 17 concejales y un funcionario del ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Salta, de los 53 investigados a partir de una denuncia periodística.
En esta segunda citación les llegó el turno a aquellos que habían sido beneficiados pero no pudieron cobrarlo por distintos motivos, mientras que más adelante llegarán los que se inscribieron pero el sistema los rechazó por no reunir las características.
El IFE es la prestación económica de mayor alcance de la historia argentina. Llega a casi 9 millones de trabajadores de la economía informal, monotributistas sociales, monotributistas de las categorías A o B y a trabajadoras y trabajadores de casas particulares y personas que se encuentran actualmente desempleadas.
Fuente: La Gaceta
