Parece increíble que en el año 2022, aunque la sociedad ya haya puesto en tela de juicio a todos los Poderes del Estado (y a casi todos los organismos gubernamentales), todavía haya algunas castas modernas que de manera indiscutible e incuestionable permanezcan en la impunidad de ese cuasi anonimato desde el cual se encuentran ejerciendo su poderío y ostentando privilegios que ni siquiera tienen los más encumbrados dirigentes de la clase política. Es básicamente lo que hacen Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, las máximas autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Terraf, Díaz Ricci y Vidal, integran de manera vitalicia el organismo contralor de los gastos del Estado provincial. Sus cargos pueden liberarse solo si se los destituye por juicio político. Quizás, Terraf y también sus vocales permanezcan allí hasta el final de sus días. Esa es la posibilidad que tienen gracias a la jerarquización y consagración de las facultades que se le dieron a este organismo en la reforma de la constitución provincial del año 2006. Fue ahí cuando se institucionalizó un poder al que hasta ahora nadie le ha pedido que rinda cuentas.

Y esto último resulta llamativo porque durante la última década venimos asistiendo a debates y a procesos orientados a reformar los mecanismos electorales, el sistema mediático, la justicia o el sistema de Salud. Esas discusiones incluso han tenido un anclaje territorial en cada provincia o jurisdicción: Jueces, políticos y empresarios vienen siendo interpelados y quedando expuestos mientras diversos sectores de la sociedad han ido comprendiendo que hay algunos estratos de poder que pueden llegar a detentar más poder real que las máximas autoridades de gobierno o de los jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia.

Salvo las distintas protestas  realizadas por la Asociación Bancaria en las puertas del Tribunal de Cuentas; la columna escrita por el periodista Álvaro Aurane, (publicada el 28 de Septiembre de 2012) titulada «¿Quien controla al Tribunal de Cuentas?«; y la denuncia penal realizada por el abogado Oscar Lopez contra la casta tribunalicia por el uso de sus «excedentes financieros», casi ningún otro actor ha formulado objeciones a este cuerpo colegiado. Y quizás la respuesta en clave de reactiva que el Tribunal de Cuentas tuvo para con La Gaceta apenas 3 semanas después de aquella columna de opinión, objentando la contratación de una pauta oficial del gobierno provincial con el diario cententario, fue lo que configuró ese clima de «temor a represalias» por el cual casi nadie se atreve a confrontar con el TC.

Pero anteriormente a la objeción de las tarifas publicitarias propuestas por La Gaceta, el Tribunal de Cuentas había enviado una Carta Documento a la empresa periodística luego de que el diario diera a conocer un caso de «nepotismo» haciendo pública la designación  de un familiar directo de la máxima autoridad del TC, realizada de manera discrecional por el entonces gobernador José Alperovich,  lo cual fue interpretado como un claro ataque a la libertad de expresión por distintas organizaciones y asociaciones nacionales que nuclean a periodistas y no escatimaron sus repudios.

Podrá ser casualidad o causalidad pero lo cierto es que desde el momento de aquella paradigmática y  polémica designación nepotista, al Tribunal de Cuentas se le empezaron a escapar más tortugas de las que se les escapaban antes, como fue el caso de la compra del avión oficial sin licitación en el año 2006 o la remodelación del Hospital Padilla en 2011, entre otros casos.

Si se cree que en los hechos posteriores hubo  irregularidades o evidentes sobreprecios en la obra pública local, como se presume en el caso de la docena de puentes caídos,  no hay dudas de que el Tribunal de Cuentas tuvo una responsabilidad directa por haber  otorgado  ampliaciones de plazos para la concreción de obras que nunca se terminaron ni en tiempo ni en forma, siendo quizás el caso de los túneles entre calles Suipacha y Marco Avallaneda, los principales casos testigos.

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